Iniciativa de outsourcing atenta contra el empleo formal

En materia de subcontratación de personal, la iniciativa que ha sido enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados atenta gravemente contra el empleo y la economía debido a que no está dirigida únicamente contra quienes cometen malas prácticas laborales, sino que también pone en entredicho millones el trabajo formal.

TallentiaMX, que dirige Elías Micha, hizo un llamado para que los legisladores analicen con detenimiento la ley y tomen una decisión que considere la opinión de expertos, del sector privado y de los trabajadores.

“No es necesario prohibir el outsourcing, sino que bastaría realizar los ajustes mencionados para acabar con los comportamientos laborales y fiscales ilícitos. Terminar con la subcontratación equivaldría a atentar en contra de los intereses de los trabajadores a los que teóricamente se busca defender”, expuso en comunicado, este domingo.

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Señaló que el problema de suprimir de un plumazo toda la subcontratación de personal es que actualmente laboran por medio de este esquema alrededor de 7 millones de personas.

Así, descontando la prestación de servicios especializados, alrededor de 5 millones de empleos formales peligrarían, sobre todo en un contexto como el de la pandemia, donde mucha gente ha perdido su fuente de ingresos y las empresas necesitan el apoyo de la tercerización responsable y profesional (que muchas veces ofrece créditos) para poder realizar contrataciones legales.

Hay que mencionar que la iniciativa actual propone que las empresas que quieran ofrecer servicios especializados deberán obtener una certificación por parte de las autoridades sin la cual no podrán operar.

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¿Por qué no hacer lo mismo con la subcontratación? ¿No sería positivo crear un padrón nacional de empresa de outsourcing debidamente vigilado por la Secretaría de Trabajo, que garantice la legalidad para que la tercerización pueda operar de manera transparente y en condiciones de igualdad?

“De entrada, se adelantaría mucho terreno contra los comportamientos ilegales (dentro y fuera de la tercerización) si las autoridades fortalecieran la fiscalización. Para ello fue creado un grupo interinstitucional del que forman parte la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría del Trabajo, el SAT, el Seguro Social, el INFONAVIT y la Procuraduría Fiscal, menciona el organismo de Talento Humano.

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